domingo, 23 de marzo de 2008

PISANDO EL ACELERADOR... Y LOS DERECHOS.

El énfasis del presidente de la República por acelerar el crecimiento macroeconómico en los plazos más breves, sobre todo vendiendo o concesionando unilateralmente tierras y bosques al gran capital minero, petrolero o forestal seguirá originando conflictos sociales; pero lo más grave es que no impulsará un crecimiento significativo del empleo de calidad ni reducirá considerablemente los elevados porcentajes de pobreza.
El concepto equivocado sobre el que se asienta esta tesis tan antigua como la Colonia es que hay que poner en actividad y en valor tierras desocupadas (o mal ocupadas): "No obstante el mito de 'tierras baldías' (.), la expansión espacial de la minería que esta inversión implica no ocurre en tierras vacías. Por el contrario, se da en tierras ya ocupadas y que son propiedad de otros, tierras que tienen significados culturales e históricos para sus moradores y tierras que son la fuente de diversos activos naturales que sustentan las estrategias de vida de estos pobladores" (Anthony Bebbington, Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas, IEP y Cepes, 2007).
El peligro que se cierne sobre grandes sectores rurales no es un asunto del futuro. Como lo denuncia Luis Zúñiga Rosas, presidente de Conveagro, el camino en esa dirección ya se ha iniciado con normas muy concretas: "La seguridad y la vigencia de las comunidades campesinas se han puesto en grave riesgo con la dación del D.L. 994, porque las tierras comunales sin título de propiedad, que comprometen a más de 1,100 comunidades campesinas, podrían revertir a favor del Estado y este, al amparo de la norma, entregarla en concesión o venta al gran capital privado. Ese es un riesgo y un peligro".
Como señala el mismo Zúñiga, la vía debería ser la inversa: primero el Estado titula o ayuda a titular las propiedades de las comunidades y después los comuneros deciden qué hacer con sus tierras: "cualquier acción o decisión respecto de las comunidades debe comenzar por que el Estado, a través del Minag y la Cofopri, agote los esfuerzos para culminar el proceso de titulación y saneamiento de las tierras".
¿Entenderá el Gobierno que resucitando al MRTA, "peruanizando" a las FARC y convirtiendo a los chavistas en terroristas no impedirá la protesta social sino que solo la criminalizará? Hace falta una propuesta que tome en cuenta por lo menos tres orientaciones, como lo plantean para la sierra rural la FAO y el Banco Mundial (2002): aumentar los ingresos rurales de manera sostenible (para los minifundios, habría que valorar la experiencia de los 'yachachiq' promovida por el Instituto de Alternativas Agrarias); mejorar sustancialmente la educación rural y los servicios de salud; y apoyar el desarrollo institucional local y regional para sostener el crecimiento y la capacidad de las personas para administrar sus propios asuntos.

Firma: Santiago Pedraglio.